Inauguración del Monumento a la Memoria

El pasado 24 de marzo, día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se inauguró un monumento para conmemorar tal día en La Rioja. Fotos del Evento.

 

 

 

 

Discurso del Sr. Intendente Torroba en el Acto de Inaguración del Monumento a la Memoria:

 

"El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia nos convoca hoy para evocar parte de los recuerdos más trágicos y aberrantes de nuestra historia y para honrar reflexivamente a las víctimas de aquella obscura noche de violencia.

 

En la década del 70 nos sumergimos en una Argentina dominada por el terror proveniente de distintos sectores, quienes realizaron actos ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Ya en el gobierno constitucional de 1973 encontramos el germen del terrorismo de Estado.


A los delitos del terrorismo, las Fuerzas Armadas que tomaron el poder respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el que pretendían combatir, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el aparato de un Estado organizado para atentar sistemáticamente contra los derechos humanos, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos.


Para no olvidar jamás estas aberraciones y para saldar la deuda social hacia las víctimas del terrorismo de Estado y sus familias debemos inscribir nuestro pasado en el presente de manera indeleble, y para ello es indispensable recurrir a las “huellas de la memoria”.


Es propio de los regimenes totalitarios, el nazismo y el estalinismo, el hostigamiento a la memoria y la promoción de políticas del olvido. En cambio, los sistemas democráticos tienen como objetivo primordial la búsqueda de la verdad y la política de la memoria acerca de los hechos históricos trágicos y aleccionadores.

 

Como parte de esta meta democrática, hoy inauguramos un monumento destinado a honrar a los pampeanos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado de la última dictadura.

 

Esta obra tiene para nosotros una doble significación: 1) En primer lugar, constituye una forma de reparación simbólica para las víctimas de la desaparición forzada, de la tortura y de los asesinatos por parte del Estado. Esta trágica metodología criminal tiene la finalidad de negar el derecho de un ser humano a existir o a tener una identidad, y lo que pretendemos con este monumento es restituir las víctimas acalladas a la conciencia social, a la memoria colectiva.

 

2) En segundo lugar, constituye una manifestación de las lecciones de nuestra historia, pues ella nos ha enseñado que únicamente  la democracia, en conjunción con el Estado constitucional de derecho, es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la persona humana.


Por otra parte, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia nos permite recordar que nunca antes en nuestra historia se había llegado tan lejos en la degradación moral de la República, entonces la mayoría de los argentinos abrazó la causa de la democracia de manera definitiva. Y en 1983, se quiebra el ciclo histórico de la impunidad y el olvido, poniendo fin a más de 25 amnistías generales desde 1810.

 

Durante este período oscuro y trágico de nuestra historia la oposición al régimen militar no surgió de los partidos políticos, sino de las organizaciones de derechos humanos, que se conformaron bajo el impulso desesperado de los familiares de las víctimas, que pusieron en riesgo sus vidas frente a un Estado que todavía no abandonó su política criminal y destructiva.
Tras la vuelta a la democracia se sentía el fuerte peso de medio siglo de militarismo, que había dejado un importante sedimento autoritario en buena parte de la sociedad. Es más, como es sabido, los golpes de Estado siempre han sido cívico-militares.

 

Todavía eran tiempos de duda e incertidumbre acerca de la política más adecuada para juzgar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad. Así se refleja, por ejemplo, en la postura del candidato presidencial del partido justicialista, Italo Luder, quien señaló oportunamente que el decreto de la dictadura que colocaba a todos bajo el “juicio de dios” cerraba la cuestión; legitimando de esta manera la autoamnistía de la dictadura.


Raúl Alfonsín, un activo militante de los derechos humanos, fue uno de los primeros políticos en manifestar la necesidad de juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura y así lo planteó durante la campaña política, fijando distintos niveles de responsabilidad. “No se podía construir los cimientos de la naciente democracia de nuestro país desde una claudicación ética”, sostuvo.


A pesar de la incipiente y frágil democracia, el 10 de Diciembre de 1983, se envía el proyecto para declarar nula la ley de autoaminstía y todos sus efectos. Posteriormente, se crearía la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y presenta el informe “Nunca Más”, se ratificarían los instrumentos internacionales de derechos humanos más importantes, se realizaría el Juicio a las Juntas, y se sancionaría la ley de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos.


El 20 de Septiembre de 1984 se hizo conocer ante la opinión pública nacional e internacional el Informe Final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, el “Nunca Más”, uno de los documentos más desgarradores de la tragedia argentina El 28 de Noviembre de ese año, gracias al esfuerzo de la Subsecretaría de los Derechos Humanos y a la Editorial Universitaria de Buenos Aires se publicaron 40.000 ejemplares de la primera edición del informe, que se agotaron en las 48 horas siguientes. Hoy el “Nunca Más” supera los 500.000 ejemplares y se ha traducido en varios idiomas.


Es encomiable que la Comisión haya logrado redactar el Informe “Nunca Más”, en a penas 9 meses; en un lenguaje sencillo y desgarrador, recogió y sistematizó información y testimonios sobre la organización del Estado criminal, sobre personas desaparecidas y sus familias, sobre centros clandestinos de detención, torturas y sustracción de niños. Sus invalorables aportes fueron de vital importancia para el Juicio a las Juntas.

 

El 9 de Diciembre del año 1985 los integrantes de las Juntas Militares que comandaron el último golpe de Estado fueron condenados por las constantes y aberrantes violaciones cometidas a los derechos humanos.


Este acontecimiento marcó un hito en la historia de nuestro país y un ejemplo para América Latina y el mundo, pues, gracias a la férrea voluntad política y al valor inconmensurable de los magistrados y fiscales, se pudo llegar a la determinación de la culpabilidad de los integrantes de la Junta Militar mediante un proceso que respetó todas las garantías propias de un debido proceso basado en la Constitución.


Pero no todos fueron avances de la frágil democracia instaurada en 1983. Rodeada de países de gobiernos autoritarios, acosada por un alto nivel de endeudamiento internacional, por 2 levantamientos militares y 13 paraos generales, hubo retrocesos. Y así llegaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.


“Muchas veces me pregunté si por defender los derechos humanos que habían sido violados en el pasado no arriesgaba los derechos humanos del porvenir. Es decir, si no estaba poniendo en peligro la estabilidad de la democracia, y en consecuencia la seguridad de sus ciudadanos”, expresó entonces Alfonsín.

 

Pero se ganaba tiempo en democracia y se afianzaba la misma. El 1 de Mayo de 1989, por primera vez desde 1930, un presidente constitucional entregaba el poder a otro presidente constitucional.

 

Entre 1989 y 1990, durante el gobierno justicialista de Carlos Menem, se indultaron y dejaron en libertad a cerca 200 personas, civiles y militares que cometieron crímenes durante el Proceso de Reorganización Nacional, como así también, líderes de las organizaciones guerrilleras condenados al comienzo de la democracia.


El 14 de Junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final en la causa Simón y posteriormente progresaría la derogación de las mismas por parte del Congreso.

 

Como consecuencia de esto, y de la aplicación del principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, los responsables están siendo juzgados.


Este monumento a la memoria, diseñado por Miguel García y Raúl Fernández Olivi, y construido por empleados municipales, se encuentra ubicado en un lugar que nos permite observar la salida del sol y su ocaso, el crecimiento constante de la vegetación, el agua, la permanente circulación de los vecinos, es decir, enclavado en un lugar de mucha vida.


Como la historia no es sólo lo que nos pasó sino también lo que nos está pasando, este monumento nos recuerda que debemos construir más y mejor democracia, reduciendo las tendencias hegemónicas y autoritarias, combatiendo sin tolerancia la corrupción, enfrentando la pobreza y la marginalidad, garantizando el disfrute pleno e igualitario de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos y generando una educación de excelencia accesible a todos.


Todo esto por las víctimas, por nosotros y por nuestra posteridad."